Representantes de las Cortes de Justicia de Ecuador, Perú y Bolivia expresaron la necesidad de aprobar una norma para limitar los casos que debe juzgar la justicia ancestral, sin interponerse con la justicia ordinaria.
Ese fue uno de los temas abordados por los tres países en el recién concluida V Cumbre de Poderes Judiciales de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) en la ciudad de Cuenca, según declaraciones que publica hoy la agencia pública Andes.
"Para marcar ese límite, el gobierno boliviano impulsa la Ley del Deslinde, cuerpo legal que tiene por objeto establecer la separación de la jurisdicción indígena campesina con la ordinaria", declaró el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Bolivia, Luis Ortiz.
Dicho cuerpo legal será aprobado antes del 22 de julio próximo, y se hace urgente en Bolivia donde la justicia indígena es más compleja que en Ecuador, pues "tenemos 36 justicias indígenas y es muy conflictivo poder controlar las 36 formas de aplicar justicia", expresó.
En el Oriente boliviano, puso como ejemplo, "cuando una persona comete un ilícito se le amarra a un árbol de palo santo (una variedad de la región) para que las hormigas lo ataquen, y en el Occidente se les destierra de la comunidad a chicotazos (golpes)", señaló el jurista.
Javier Villa, de la Corte de Justicia de Perú, consideró que los tres países (Bolivia, Perú y Ecuador) tienen problemas similares, y dijo que en la zona norte de su país se creó la Escuela Intercultural con el fin de atender a todas las formas de justicia indígena.
Informó que en Perú se realizará el Primer Congreso de Justicia Transcultural, cuyo objetivo es analizar los patrones jurídicos involucrados en los diferentes modos de vida de las distintas etnias y de los distintos grupos sociales andinos, amazónicos y costeños.
En Ecuador, el presidente Rafael Correa insistió en que la justicia indígena debe circunscribirse a tratar los conflictos internos de las comunidades, dejando los crímenes de acción pública, los crímenes mayores como el asesinato, en manos de la justicia ordinaria
Ese fue uno de los temas abordados por los tres países en el recién concluida V Cumbre de Poderes Judiciales de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) en la ciudad de Cuenca, según declaraciones que publica hoy la agencia pública Andes.
"Para marcar ese límite, el gobierno boliviano impulsa la Ley del Deslinde, cuerpo legal que tiene por objeto establecer la separación de la jurisdicción indígena campesina con la ordinaria", declaró el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Bolivia, Luis Ortiz.
Dicho cuerpo legal será aprobado antes del 22 de julio próximo, y se hace urgente en Bolivia donde la justicia indígena es más compleja que en Ecuador, pues "tenemos 36 justicias indígenas y es muy conflictivo poder controlar las 36 formas de aplicar justicia", expresó.
En el Oriente boliviano, puso como ejemplo, "cuando una persona comete un ilícito se le amarra a un árbol de palo santo (una variedad de la región) para que las hormigas lo ataquen, y en el Occidente se les destierra de la comunidad a chicotazos (golpes)", señaló el jurista.
Javier Villa, de la Corte de Justicia de Perú, consideró que los tres países (Bolivia, Perú y Ecuador) tienen problemas similares, y dijo que en la zona norte de su país se creó la Escuela Intercultural con el fin de atender a todas las formas de justicia indígena.
Informó que en Perú se realizará el Primer Congreso de Justicia Transcultural, cuyo objetivo es analizar los patrones jurídicos involucrados en los diferentes modos de vida de las distintas etnias y de los distintos grupos sociales andinos, amazónicos y costeños.
En Ecuador, el presidente Rafael Correa insistió en que la justicia indígena debe circunscribirse a tratar los conflictos internos de las comunidades, dejando los crímenes de acción pública, los crímenes mayores como el asesinato, en manos de la justicia ordinaria
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