BAGUA, UN AÑO DESPUÉS.

“Tenemos conciencia de que si nosotros mismos no somos protagonistas para defender nuestros derechos territoriales, vamos a ser avasallados. El gobierno piensa que no estamos en la capacidad de entender, en la capacidad de hacer una lucha para que se haga respetar nuestros derechos. Pero nosotros estamos demostrando que existen líderes con capacidad organizacional de sacar adelante este tipo de protesta”.
Dirigente indígena de Nuevo Chota (Amazonas, Perú), 22 de marzo de 2009.

A mediados de 2008, Alan García Pérez, presidente peruano, aprovechando facultades legislativas extraordinarias relacionadas con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, dictó una serie de normas que promovían un intensivo ingreso de inversiones privadas transnacionales en territorio de las comunidades indígenas amazónicas, facilitaban la parcelación individual y el despojo.

Un primer paro nacional, en agosto de ese año, consiguió que el Congreso de la República derogara dos de esos decretos, por considerarlos anticonstitucionales. Sin embargo, los restantes continuaron en estudio por varios meses. Ante esta demora y constantes postergaciones, 1.300 comunidades nativas iniciaron el segundo Paro Nacional Amazónico, en abril de 2009.

En la movilización participaron comités de lucha indígena de las seis regiones amazónicas del país: Loreto, Amazonas, San Martín, Cajamarca, Ucayali y Madre de Dios. Hombres y mujeres, indígenas y mestizos, tomaron las principales vías de comunicación de la selva (carreteras y ríos), de manera masiva y sin armas de fuego, a fin de presionar al gobierno para generar un diálogo transparente con los voceros de las organizaciones de base. En pleno conocimiento de sus derechos territoriales, según la Constitución peruana y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, todos y todas planteaban un objetivo claro: “No queremos modificación, queremos derogación”.

En este contexto, alrededor de 3.000 indígenas de las etnias Awajún y Wampis, provenientes de la provincia de Bagua (región San Martín), bloquearon durante 45 días un tramo de la carretera Fernando Belaúnde Terry, conocido como Curva del Diablo (región Amazonas). El día 5 de junio, el gobierno peruano ordenó su desalojo: fuerzas policiales armadas atacaron a los manifestantes, provocando actos violentos que, según el reporte de la Defensoría del Pueblo, dejaron un saldo de 24 policías y 10 civiles muertos, 200 civiles heridos (82 de bala) y un policía desaparecido. Tras estos hechos, el Congreso derogó dos decretos más y llamó a conformar una Mesa de Diálogo.

Al servicio del TLC

García no es el primer presidente peruano que intenta legitimar la explotación de recursos naturales de la selva amazónica sin un apropiado estudio de impacto ambiental, ni consulta a las comunidades de la región. Difícil de entender es que no haya previsto problemas en un contexto de preocupación mundial por el cambio climático. Inaceptable, que no haya pensado siquiera en la población nativa, siendo Perú un país firmante del Convenio 169, donde se señala claramente que los pueblos indígenas y tribales “deberán tener derecho a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural”.

Durante el gobierno de Alberto Fujimori, el país entró en un periodo de crecimiento económico gracias a la privatización de empresas y concesión de territorios para la exploración y la explotación minera. De 2001 a 2006, con Alejandro Toledo, se firmaron los principales tratados internacionales de libre comercio. Alan García tuvo la tarea de poner en marcha los acuerdos comerciales. Esto y otras demandas privadas de inversión, por parte de empresas transnacionales, le llevaron a pedir al Congreso de la República, en diciembre de 2007, facultades para legislar en materia referente al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.

Posteriormente, empezaron a hacerse públicos una serie de decretos que, en su conjunto, buscaban debilitar la organización campesina y nativa, otorgando al Ministerio de Energía y Minas la prerrogativa absoluta de decidir la concesión de territorios pertenecientes a los pueblos indígenas (D.L. Nº1064) y promoviendo la tenencia individual de tierras, en detrimento de la propiedad comunal, como condición para acceder a créditos agrarios (D.L. Nº1020 y Nº1089). Según Vladimir Pinto, abogado del Programa de Defensa de los Derechos Indígenas, la intención del gobierno habría sido completar la agenda neoliberal del país, facilitando el acceso al mercado de áreas que no estaban insertadas previamente en él, por razones geográficas y culturales.

Según el Informe en Minoría de la Comisión Especial para investigar y analizar los sucesos en Bagua, el conjunto de decretos legislativos fue el fruto de una delegación especial de poderes desde el Congreso al Poder Ejecutivo, justificada en la necesidad de adecuar la normativa nacional a los compromisos asumidos para la firma del TLC con Estados Unidos y otras futuras contrapartes comerciales del Perú. Este objetivo, de alta prioridad nacional y cuyo contenido no fue explicado ni debatido nunca con la población peruana y menos con la población indígena, fue aducido sistemáticamente por la Ministra de Comercio, responsable de conducir las negociaciones, y por el resto del Poder Ejecutivo para obstaculizar el debate relativo a la legitimidad y constitucionalidad de los decretos legislativos después. Insistencia que generó apresuramiento en las decisiones conducentes a la tragedia del día 5 de junio de 2009 en la Curva del Diablo.

Deuda histórica, conflicto actual

“Entonces, ¿por qué Alan García no viene a dialogar acá? ¿Por qué se va a otros sitios? ¿Por qué envía policías armados para que tiren bala? Nosotros no somos animales, somos personas que podemos razonar. Nuestro pueblo Awajún siempre ha solucionado sus problemas con diálogo, no con arma. Sólo se usa arma cuando se ha declarado la guerra, por eso ahora el pueblo Awajún piensa que el gobierno le está declarando la guerra”.
Ernesto Ishmiño, dirigente indígena de Río Santiago (Amazonas, Perú).

La colonización de la Amazonía, impulsada por el gobierno peruano a lo largo de la primera mitad del siglo XX, en pos de la expansión de cultivos de caña de azúcar, la extracción de látex de Shiringa (caucho) y maderas preciosas, trajo como consecuencia no sólo la sobreexplotación de recursos, sino la esclavitud y posterior exterminio de comunidades nativas enteras, a pesar de que por aquel entonces la Declaración Universal de los Derechos Humanos ya había visto la luz.

Actualmente, descendientes de los indígenas amazónicos han reclamado al Estado su reconocimiento como “Comunidades no contactadas”, y desarrollan sus vidas en paralelo con el sistema nacional. No se mantienen “al margen de la civilización” por ser salvajes o ignorantes, sino porque han sufrido lo peor de la cultura occidental. El Gobierno, en cambio, se niega a reconocer el origen sangriento de este aislamiento voluntario y atribuye la creación de la figura del “nativo no contactado” al afán de medioambientalistas (ex comunistas y proteccionistas, siempre anticapitalistas), que no quieren que la inversión extranjera promueva el desarrollo del país.

Bajo esa certeza, el gobierno pretendió “resolver el problema” en Bagua de manera prepotente, convencido de que una intervención enérgica desequilibraría por completo la resistencia de las personas manifestantes. No se tuvieron en cuenta los factores culturales propios de pueblos con tradición guerrera, ni que la mayoría de varones de las etnias Awajún y Wampis son reservistas permanentes del ejército nacional, de modo que aunque no tuviesen armas de fuego, existían probabilidades de enfrentamiento. Las autoridades políticas peruanas tampoco respetaron la trascendencia de las demandas indígenas, ni sus derechos territoriales.

Consideraciones finales

Lo sucedido en Bagua puso en evidencia internacional la incapacidad del gobierno peruano de administrar pacífica y eficientemente las diferencias culturales de su país. Mucho tiene que ver la habitual soberbia de las clases gobernantes, enraizada a una tradición oligarca y paternalista. La resistencia al diálogo del Presidente de la República y su partido, previa a los sucesos de junio de 2009, denota además una intensa necesidad de ejercer poder autoritario, aunque éste no sea un buen aliado del Estado de Derecho y de la democracia.

En consecuencia con esto, la masa crítica más influyente, asentada en las ciudades, rechaza y teme la posibilidad de levantamientos armados en las zonas rurales y muchas veces se muestra incapaz de reconocer legitimidad en la defensa del territorio. Las posturas de los medios de comunicación están polarizadas y la amenaza de acusaciones por sedición y terrorismo persisten sobre las personas implicadas en movimientos sociales.

El 19 de mayo de 2009, el Congreso de la República del Perú aprobó la Ley del Derecho a la Consulta a los Pueblos Indígenas u Originarios Reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. A día 14 de junio de 2010, el Ejecutivo se encuentra revisándola, antes de decidir su promulgación.

Pese a esto, los pueblos Awajún y Wampis aún aguardan con recelo las decisiones y acciones del gobierno, lo que podría generar poca cooperación en futuros proyectos de desarrollo y participación ciudadana. La confianza está rota y el tejido social debe restablecerse. La coherencia en las acciones del gobierno es crucial, pero además, y según se aconseja en el informe de la Defensora del Pueblo [7] es necesario:

Promover una fuerte institucionalidad estatal indígena, que desde el Estado vele por los intereses, expectativas, así como por los derechos de los pueblos indígenas.
Desarrollar la capacidad para el diálogo intercultural, que evite volver a lamentar el enfrentamiento violento entre peruanos y peruanas.
Construir un Estado inclusivo y sin discriminación a los pueblos indígenas.
Las asociaciones indígenas, por su parte, continúan fortaleciéndose, pero aún no cuentan con suficiente poder para dialogar con el gobierno en igualdad de condiciones. A la sazón están surgiendo movimientos políticos con base en la reivindicación de los derechos de los pueblos originarios y la conservación del medio ambiente.

En el ámbito mundial, muchas organizaciones del Tercer Sector vigilan los movimientos del Gobierno peruano. Igual de atentas permanecen las grandes empresas de inversión privada, dispuestas a obtener todos los beneficios que aún les corresponden, según los tratados de comercio internacional.

Claudia Ángela Valverde Ortiz